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Cuestionada la postura de la Administración por fomentar el intrusismo en fisioterapia

Desde el CPFCyL, en conjunto con el CGCFE y la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), ya habían denunciado esta situación. A través del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Deporte del 9 de mayo de 2022, se pretende implementar programas de prescripción de ejercicio mediante derivaciones físicas realizadas por personal médico y de enfermería de Atención Primaria (AP) hacia lo que se llamarán Unidades Activas de Ejercicio Físico, establecidas en centros deportivos públicos y dirigidas por profesionales de la educación físico-deportiva.

Los Consejos Generales de las profesiones sanitarias en España, en un manifiesto del 21 de noviembre, exigieron que se excluyera a personas con patologías de este plan, ya que la prescripción es un acto sanitario que siempre debe realizarse entre profesionales sanitarios. Asimismo, considera que la aplicación de ejercicio como tratamiento para pacientes es un acto sanitario que debe ser llevado a cabo por personal sanitario.

El CGCFE ha emitido un nuevo comunicado, respaldado por el CPFCyL, en el que destaca que «los fisioterapeutas, desde hace más de 50 años, tienen la competencia legal de realizar ejercicio terapéutico sobre los pacientes, están formados y capacitados para prescribir, diseñar, implementar, ejecutar y dirigir los programas de ejercicio que necesita un paciente, cara a mejorar o sanar su patología. Dentro de su práctica profesional, el ejercicio terapéutico es una de las terapias que más frecuentemente utiliza para el tratamiento de sus pacientes”.

Sin embargo, los fisioterapeutas no forman parte de este programa que se pretende implementar, ni como prescriptores de ejercicio terapéutico ni como receptores de derivaciones de otros profesionales sanitarios para la implementación del programa.

El comunicado del CGCFE destaca cuatro problemas de máxima gravedad:

  1. Económicos: Se están invirtiendo los fondos europeos en la creación de una nueva estructura parasanitaria que duplica la derivación de pacientes a fisioterapeutas, una práctica habitual en Atención Primaria. El Consejo recuerda que sería más razonable destinar estos recursos a fortalecer la Atención Primaria.
  2. Jurídicos: La prescripción de derivaciones de pacientes a educadores físico-deportivos por parte de profesionales médicos y de enfermería puede promover que personal no sanitario trate a pacientes con actividad física, lo cual constituye un acto propio de los fisioterapeutas y, según el Código Penal, podría ser constitutivo de un delito de intrusismo profesional. Además, la derivación hacia profesionales no sanitarios constituye infracciones deontológicas, de protección de datos y de responsabilidad civil.
  3. De salud pública: Cuando profesionales médicos y de enfermería derivan a educadores físico-deportivos, quienes no son profesionales sanitarios y carecen de las competencias, conocimientos y habilidades para tratar enfermedades, se incrementa y agrava la enfermedad en aquellos pacientes que podrían haber sido tratados. Esto resulta en una mayor carga para los sistemas de Atención Primaria, que ya se encuentran saturados, y conlleva graves consecuencias.
  4. De transparencia: El comunicado del Consejo cuestiona el origen de este conflicto, que surge de un programa europeo inicialmente enfocado en desarrollar una herramienta digital. Sin embargo, el Consejo Superior de Deportes ha convertido este programa en una iniciativa de formación, creación de Unidades Activas de Ejercicio Físico y contratación de profesionales responsables de estas unidades.

Por eso, el CGCFE llega a señalar que “nos cuestionamos si los fondos europeos están siendo correctamente ejecutados, si el porcentaje de implantación de la formación, ridículamente bajo, no esconde un supuesto uso fraudulento de estos fondos”.

El CGCFE tampoco encuentra ninguna razón transparente “que explique cómo el Consejo Superior de Deportes, sin ninguna competencia sanitaria, y por tanto sin ninguna competencia en el tratamiento de patologías, insiste en mantener el programa tal y como está estructurado”.

Por estos motivos, la Fisioterapia española exige la derogación de esta resolución y programa. En caso contrario, la profesión comenzará movilizaciones para proteger a la ciudadanía de este ataque y pondrá en conocimiento de la Unión Europea la utilización de estos fondos para que proceda a su investigación.

Fuente: Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León

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