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La nueva Ley de Residencias de Castilla y León, aprobada el pasado 9 de abril de 2024, en el pleno celebrado en las Cortes de Castilla y León, ha culminado tras un largo proceso de cuatro años de tramitación, enfrentándose a críticas significativas y al rechazo por parte de los profesionales sanitarios y asociaciones de consumidores, entre ellos el CPFCyL, por no abordar de manera efectiva los problemas estructurales de las residencias en la comunidad. La normativa, que se queda corta en su pretensión de garantizar una atención personalizada, omite detallar la contratación de personal esencial como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y psicólogos, creando una brecha entre la ley y las necesidades reales del sector.
Esta nueva revisión de la Ley de Residencias de Castilla y León ha eliminado los ratios ya existentes para la contratación de fisioterapeutas, tanto en residencias públicas como privadas. Este cambio normativo suprime la obligatoriedad de contar con un fisioterapeuta a media jornada en residencias públicas con 50 usuarios y a jornada completa en aquellas con más de 100. Las residencias privadas, de igual modo, ya no están sujetas a requisitos mínimos de contratación para estos profesionales, dejando en manos de cada empresa la decisión sobre cuántos fisioterapeutas contratar, sin importar el número de residentes atendidos. Desde el CPFCyL, vemos con preocupación esta decisión política, la cual evidencia la completa liberalización del sector y suscita preocupaciones respecto a la calidad y la igualdad en el acceso a los servicios fisioterapéuticos en las residencias de toda la comunidad.
El impacto de estas medidas se siente con mayor intensidad en el medio rural. Las características geográficas y demográficas de Castilla y León dificultan la disponibilidad de fisioterapeutas en pequeñas localidades, obligando a los residentes a buscar estos servicios en centros de atención primaria de otras zonas. Este inconveniente no solo significa un gasto extra para los pacientes, que deben costear los desplazamientos, sino que también pone de manifiesto la desigualdad en el acceso a servicios sanitarios esenciales.
El nuevo texto no considera un derecho subjetivo el acceso a una plaza residencial a quien lo necesite. Porque en Castilla y León sólo una de cada 12 plazas de residencia de personas mayores es pública. Con lo que recae sobre las familias el coste que supone tener que acudir a un centro privado.
La ley también ha sido cuestionada por su falta de compromiso presupuestario y por no considerar suficientemente la voz de los usuarios y sus familias en la evaluación del funcionamiento de las residencias. Entidades como la Unión de Consumidores de CYL, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de CyL y la Plataforma Social de CYL, entre otros, instan a una revisión que conlleve a mejoras palpables y a la inclusión de servicios esenciales en el reglamento de desarrollo de la ley.
Esta nueva legislación, que prometía proteger y mejorar la calidad de vida de los residentes mayores, se encuentra ahora en el punto de mira, enfrentando la necesidad de ajustes que verdaderamente reflejen las contribuciones y necesidades de los profesionales y usuarios de las residencias. La comunidad espera que los futuros desarrollos reglamentarios aborden estos temas críticos y establezcan un marco que promueva la equidad y la excelencia en el cuidado a nuestros mayores.
El CPFCyL se reservará las acciones oportunas para hacer valer los derechos de los usuarios de Fisioterapia de la comunidad.
Fuente: Colegio Profesional Fisioterapeutas de Castilla y León
