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Ley de Ciencia: pasos para reforzar la investigación en salud y ganar estabilidad

La pandemia provocada por la Covid-19 ha expuesto el papel imprescindible que juegan la ciencia y la innovación para dar respuesta a situaciones excepcionales, pero también para preparar a la sociedad de cara al futuro. Como ejemplo, el prodigioso desarrollo de vacunas y medicamentos para combatir la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, que ha mostrado la importancia de investigar en salud.

De esta circunstancia, el Gobierno ha tomado nota y por ello aprobará este martes una nueva Ley de Ciencia. En concreto, el Consejo de Ministros aprobará la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, una norma cuyos principales objetivos son reducir la precariedad de los investigadores logrando una carrera profesional pública atractiva, el refuerzo de la transferencia de conocimiento a la sociedad y la mejora de los mecanismos de cogobernanza.

Según el borrador del proyecto, hecho público por el Ministerio de Ciencia en enero y sujeto a cambios, el propósito a corto plazo es “hacer frente a la recuperación económica y social del país a través de la ciencia y la innovación”, mientras que a medio y largo plazo se proponen desarrollar “un sistema sólido de generación y transferencia de conocimiento para abordar grandes desafíos”.

Para alcanzar dichos objetivos, el Gobierno centra su actuación en avanzar hacia “un fomento decidido de la I+D+I y su transferencia, para generar conocimiento y liderazgo científico y mejorar las condiciones de trabajo del personal de investigación, así como la calidad de las infraestructuras y equipamientos”.

CONTRATO PRE Y POSDOCTORAL

En primer lugar, y para superar la década en la que miles de investigadores salieron de España, se plantean una reforma de la carrera científica mediante dos medidas principales: el diseño de un itinerario postdoctoral que conduzca a la incorporación estable de investigadores al sistema; y la introducción de una nueva modalidad contractual laboral indefinida vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación.

En lo que respecta al acceso a las plazas del itinerario posdoctoral, este se produce en concurrencia competitiva a través de una evaluación científica, y, tras adquirir competencias, todas las personas que han seguido este itinerario podrán optar a una plaza estable en el sistema. Además, este podrá prestar colaboraciones complementarias en tareas docentes relacionadas con la actividad de investigación propuesta, hasta un máximo de 100 horas anuales.

Por otra parte, el personal investigador podrá obtener un certificado R3 como investigador/a establecido/a y se fija su reconocimiento en los procesos selectivos de personal de nuevo ingreso estable convocados por universidades, organismos públicos de investigación de la AGE de otras administraciones públicas, “incluidos los Centros del Sistema Nacional de Salud o vinculados o concertados con este y las Fundaciones y Consorcios de investigación biomédica”.

Tener este certificado también les beneficiará a la hora de presentarse a una Oferta Pública de Empleo (OPE). Según el proyecto, se les reservara un mínimo del 15% de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las OPE de las universidades y de un 25% en los organismos públicos de investigación. Mientras, la segunda de las figuras que se crean es un nuevo contrato de actividades científico-técnicas.

Por otro lado, se avanza en el reconocimiento de los derechos laborales de los investigadores. Por ejemplo, tendrán acceso a una indemnización tras la finalización del contrato, equivalente a 12 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año.

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Del proyecto, destaca la incorporación a los servicios de salud de personal investigador en régimen estatutario a través de categorías profesionales específicas que permitan de forma estable y estructural la dedicación a labores de investigación de al menos un cincuenta por ciento de la jornada laboral ordinaria. Además, aplica las nuevas figuras contractuales laborales al sector de la investigación biomédica.

Fuente: Consalud

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